Un bono en lugar de dinero: ¿hay que aceptarlo?

Ante una incidencia en el vuelo pueden surgir dos reclamaciones distintas, y la oferta de la aerolínea puede mezclarlas. Una es la compensación del artículo 7: un importe fijo que se calcula según la distancia del vuelo, no según lo que costó el billete. La otra es el reembolso del artículo 8.1 a: el coste íntegro del billete, por la parte o partes del viaje no efectuadas (y por las ya efectuadas si el viaje ya no tiene razón de ser en relación con su plan de viaje inicial), si elige el reembolso en lugar del transporte alternativo. Si el vuelo forma parte de un viaje combinado, normalmente es el organizador, no la aerolínea, quien debe devolver el dinero (artículo 8.2; más abajo, en las preguntas).

Lo que las une es la forma de pago. El artículo 7.3 enumera el pago en metálico, la transferencia bancaria electrónica, la transferencia bancaria y el cheque, y coloca los bonos de viaje y otros servicios en una categoría aparte que exige el acuerdo firmado del pasajero. El artículo 8.1 a remite precisamente al artículo 7.3 y fija además un plazo de siete días para el reembolso. El bono es, pues, una excepción que solo se aplica si usted está de acuerdo, no una alternativa que la aerolínea pueda elegir por usted.

La redacción del artículo 7.3 merece una precisión. El texto español dice «previo acuerdo firmado por el pasajero». El Tribunal de Justicia de la UE ha explicado cómo se entiende en la práctica: con información clara y completa, la aceptación puede darse mediante un formulario de la web de la aerolínea, sin firma manuscrita ni digitalizada (asunto C-76/23, apartados 24 y 34).

Una oferta que se presenta como gesto de cortesía no implica que la aerolínea admita que el Reglamento es aplicable. Conviene ver si la oferta está ligada a que usted renuncie a nuevas reclamaciones. Ofrecerla está permitido, y aceptarla puede ser razonable, pero no sustituye a valorar qué daría el artículo 7 para su distancia. Cómo debe valorarse jurídicamente una oferta aceptada depende de lo que usted y la aerolínea acordaron realmente.

El artículo 15 limita hasta dónde llega una renuncia. Según el artículo 15.1, las obligaciones para con los pasajeros no podrán limitarse ni excluirse, por ejemplo mediante una cláusula restrictiva del contrato de transporte. El artículo 15.2 prevé el caso de que, pese a ello, se aplique esa cláusula, o de que el pasajero no haya sido debidamente informado de sus derechos y acepte por ello una compensación inferior a la prevista: entonces conserva el derecho a emprender las acciones necesarias ante los tribunales u organismos competentes para obtener una compensación adicional.

Si la renuncia es una cláusula estándar preimpresa que no se ha negociado individualmente, también puede examinarse con arreglo a las normas sobre cláusulas abusivas en los contratos con consumidores, basadas en la Directiva 93/13/CEE: según el artículo 3.1, una cláusula así se considera abusiva si, contraviniendo las exigencias de la buena fe, causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, y según el artículo 6.1 los Estados miembros establecerán que las cláusulas abusivas no vinculan al consumidor. El TJUE ha declarado que una cláusula de un contrato destinado a resolver un litigio ya surgido, por la que el consumidor renuncia a acudir a los tribunales, puede considerarse abusiva, en particular si el consumidor no tuvo la información necesaria para comprender las consecuencias jurídicas (asunto C-452/18, fallo, punto 4; el asunto trataba de un préstamo hipotecario). Si una cláusula concreta es abusiva lo decide el tribunal competente en cada caso.

El artículo 12.1 trata de la compensación adicional: el Reglamento se aplica sin perjuicio de los derechos de los pasajeros a una compensación suplementaria, pero la compensación concedida con arreglo al Reglamento puede deducirse de ella. El propio bono no está regulado en el artículo 12: a qué se imputa lo decide lo que usted y la aerolínea acordaron realmente, y por eso conviene dejar el acuerdo por escrito.

Como punto de comparación existe la Recomendación (UE) 2020/648 de la Comisión, de 13 de mayo de 2020, sobre los bonos ofrecidos a los pasajeros como alternativa al reembolso de viajes combinados y servicios de transporte cancelados en el contexto de la COVID-19. Es una recomendación, es decir, no es Derecho vinculante, trata de bonos en lugar del reembolso del billete y se redactó en el contexto de la COVID-19, pero parte de que el bono se acepta voluntariamente (punto 1), indica que el reembolso en forma de bono solo es posible si el pasajero lo acepta (considerando 8) y recomienda una validez de al menos doce meses, una protección suficientemente eficaz y sólida frente a la insolvencia del transportista o del organizador, y que los bonos para servicios de transporte puedan transferirse a otro pasajero sin coste adicional. Si la oferta que ha recibido no tiene esas características, es un argumento objetivo en la negociación, no una infracción. La cuestión de la insolvencia es la más concreta: un bono es un crédito frente a la aerolínea; un importe en una cuenta bancaria no lo es.